La micromovilidad eléctrica forma parte de la realidad cotidiana de millones de ciudadanos europeos. Sin embargo, la regulación de este sector plantea un debate cada vez más relevante: ¿se está regulando para mejorar la seguridad vial o se están creando barreras que limitan la innovación y la libre circulación de productos dentro de la Unión Europea?
El origen de la regulación de los VMP en Europa
La aparición de nuevos vehículos de movilidad personal obligó a las administraciones europeas a abordar una cuestión hasta entonces inexistente: cómo integrar en el espacio público dispositivos que no eran bicicletas, motocicletas ni automóviles, pero que tampoco podían considerarse simples juguetes.
El objetivo inicial era razonable y compartido por todos los actores del sector: dotar de seguridad jurídica a usuarios, fabricantes, distribuidores y autoridades públicas, estableciendo unas reglas claras de circulación y convivencia.
La regulación debía facilitar la integración de la micromovilidad en las ciudades europeas, garantizando al mismo tiempo la seguridad vial y el respeto a los peatones.
Regular no significa prohibir
Desde AN-EUCRACING defendemos que los Vehículos de Movilidad Personal deben estar regulados.
Toda forma de movilidad que comparte el espacio público necesita unas normas claras respecto a:
- Velocidades máximas.
- Equipamiento de seguridad.
- Sistemas de frenado.
- Iluminación y visibilidad.
- Condiciones de circulación.
- Responsabilidades de los usuarios.
La regulación es necesaria para proteger a todos los usuarios de las vías públicas y favorecer una convivencia segura. Sin embargo, una regulación eficaz debe estar basada en principios técnicos objetivos y no en restricciones que puedan limitar artificialmente determinadas tecnologías.
El principio de neutralidad tecnológica
Uno de los pilares del Derecho europeo es la neutralidad tecnológica.
Este principio implica que la regulación no debe favorecer ni perjudicar una tecnología concreta cuando distintas soluciones ofrecen prestaciones equivalentes desde el punto de vista de la seguridad y el uso previsto.
Aplicado a la micromovilidad, esto significa que la normativa debería centrarse en cuestiones como:
- La velocidad.
- La capacidad de frenado.
- La estabilidad.
- La visibilidad.
- La seguridad de los usuarios y terceros.
Y no en la forma concreta que adopta un vehículo. Si dos vehículos presentan riesgos similares y comparten el mismo entorno de circulación, existe un debate legítimo sobre si deben recibir tratamientos regulatorios radicalmente distintos.
La importancia de la proporcionalidad
Otro principio fundamental del ordenamiento europeo es la proporcionalidad. Las restricciones que impone una administración deben ser necesarias para alcanzar un objetivo legítimo y no ir más allá de lo estrictamente necesario.
En términos sencillos, no basta con perseguir un fin legítimo como la seguridad vial. También es necesario demostrar que las medidas adoptadas son adecuadas, justificadas y proporcionadas.
Por ello, cada vez más expertos en movilidad consideran que las limitaciones deberían basarse en criterios objetivos de riesgo real y no en características comerciales o constructivas excesivamente específicas.
¿Dónde aparece el debate actual?
La controversia surge cuando determinados vehículos de micromovilidad, comercializados legalmente y utilizados desde hace años en diversos países europeos, encuentran dificultades para encajar dentro de determinados marcos regulatorios nacionales.
Esto afecta especialmente a algunas categorías de vehículos innovadores, entre ellos determinados monociclos eléctricos (EUC), vehículos autoequilibrados y otras soluciones de micromovilidad avanzada.
El problema no es necesariamente la existencia de normas, sino la forma en que estas se diseñan y aplican.
Cuando una regulación se construye pensando en un único tipo de producto, existe el riesgo de dejar fuera tecnologías equivalentes que cumplen funciones similares y presentan niveles de riesgo comparables.
Mercado interior europeo: una cuestión clave
La Unión Europea se construye sobre el principio de libre circulación de mercancías. Esto significa que los productos legalmente comercializados dentro de la Unión no deberían enfrentarse a obstáculos injustificados que dificulten su acceso a determinados mercados nacionales.
Naturalmente, los Estados miembros pueden establecer requisitos relacionados con la seguridad, pero dichos requisitos deben ser proporcionados, justificados y compatibles con el Derecho europeo.
Por ello, el debate actual no se limita únicamente a la movilidad o la seguridad vial. También afecta a cuestiones económicas, comerciales y jurídicas relacionadas con el funcionamiento del mercado interior europeo.
Un sector que ya no puede considerarse emergente
Durante años se ha hablado de la micromovilidad como un sector emergente. Sin embargo, esa descripción resulta cada vez más difícil de sostener.
La micromovilidad eléctrica cuenta hoy con:
- Fabricantes consolidados.
- Redes de distribución internacionales.
- Miles de usuarios en toda Europa.
- Eventos deportivos especializados.
- Asociaciones representativas del sector.
- Actividad económica estable y creciente.
Se trata de una industria plenamente implantada que demanda seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y criterios técnicos coherentes.
Hacia una regulación más moderna
Numerosos especialistas defienden que el futuro de la regulación debería orientarse hacia categorías objetivas basadas en:
- Velocidad máxima.
- Masa del vehículo.
- Energía cinética.
- Capacidad de frenado.
- Sistemas de seguridad.
- Entorno de circulación.
Este modelo permitiría adaptar la normativa a la evolución tecnológica sin necesidad de redefinir continuamente qué vehículos son aceptables y cuáles no. Además, favorecería una aplicación más transparente, uniforme y compatible con los principios del mercado interior europeo.
Conclusión
La cuestión no es si los Vehículos de Movilidad Personal deben regularse. La regulación es necesaria y beneficiosa para todos los usuarios de la vía pública. El verdadero debate consiste en determinar cómo debe realizarse esa regulación.
Una normativa moderna debería proteger la seguridad vial sin renunciar a los principios de neutralidad tecnológica, proporcionalidad y libre circulación que inspiran el proyecto europeo. Regular sí. Garantizar la seguridad también. Pero sin convertir la regulación en una barrera que limite injustificadamente la innovación, la competencia y el desarrollo de nuevas formas de movilidad sostenible.
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