¿A quién afecta y qué problemas plantea?

La aparición de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) ha supuesto una auténtica revolución en la movilidad urbana. Patinetes eléctricos, monociclos eléctricos, hoverboards, segways y otros dispositivos han transformado la forma de desplazarse por las ciudades. Sin embargo, la regulación actual no ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología, generando importantes dudas legales y un creciente debate sobre la seguridad y los derechos de los usuarios.

¿Qué son los VMP?

La Dirección General de Tráfico (DGT) define los Vehículos de Movilidad Personal como vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos, cuya velocidad máxima por diseño esté comprendida entre 6 y 25 km/h.

Su principal finalidad es el transporte individual en entornos urbanos, ofreciendo una alternativa sostenible al automóvil para desplazamientos de corta y media distancia.

¿Qué vehículos incluye la normativa?

Actualmente, la regulación está diseñada principalmente para:

• Patinetes eléctricos.
• Segways de uso urbano.
• Plataformas autoequilibradas que cumplen las características técnicas establecidas por la DGT.
• Otros dispositivos de movilidad personal certificados conforme al Manual de Características de los VMP.

Estos vehículos pueden circular por las vías autorizadas siempre que respeten las limitaciones de velocidad y el resto de requisitos establecidos por la normativa nacional y las ordenanzas municipales.

¿Qué vehículos quedan fuera?

Aquí es donde surge gran parte de la controversia.

Diversos vehículos de micromovilidad eléctrica no encajan por diseño  dentro de la regulación actual, entre ellos:

• Aquellos que no cumplen los requisitos por diseño sin tener en cuenta la clase de vehículos que son a nivel técnico y que ya estaban en el mercado actual desde hace años
• Dispositivos innovadores desarrollados tras la publicación del Manual de Características de los VMP

Aunque muchos de estos dispositivos comparten características similares a los patinetes eléctricos en cuanto a tamaño, peso, velocidad y uso urbano, no siempre encuentran una categoría legal clara dentro de la normativa vigente.

El problema de la regulación actual

La legislación española se diseñó con el objetivo de regular un fenómeno emergente (que no lo es ya que llevan en España y Europa comercializándose desde hace años), pero lo hizo centrando gran parte de los requisitos técnicos en un modelo muy concreto de vehículo,  los patinetes eléctricos (que tambien se ha visto afectado).

Esto ha provocado que algunos vehículos innovadores queden en una situación jurídica compleja:

• No son considerados expresamente VMP.
• Tampoco encajan plenamente en categorías como ciclomotores o motocicletas.
• Carecen de procedimientos claros de homologación.
• No existe un criterio uniforme en todos los municipios o cuerpos policiales.

Como consecuencia, usuarios y autoridades pueden encontrarse interpretando la normativa de forma diferente ante un mismo vehículo.

¿Por qué se ha generado un vacío regulatorio?

Una de las principales críticas al marco regulatorio actual es que la normativa se ha construido tomando como referencia modelos comerciales concretos, especialmente el patinete eléctrico, en lugar de desarrollar una clasificación basada en criterios objetivos de circulación, prestaciones y seguridad.

En otras palabras, la regulación no se ha centrado en determinar qué vehículos pueden compartir el espacio público en función de factores como:

• Velocidad máxima real.
• Masa o peso del vehículo.
• Distancia de frenado.
• Sistemas de iluminación y señalización.
• Nivel de riesgo para terceros.
• Entorno de circulación.

Por el contrario, gran parte de la regulación actual gira en torno a las características técnicas de determinados productos comercializados en un momento concreto, dejando fuera a otros vehículos que cumplen funciones similares pero que presentan configuraciones tecnológicas diferentes.

Una regulación orientada al producto y no a la circulación

El problema surge cuando el legislador intenta definir qué es un Vehículo de Movilidad Personal a partir de determinadas características constructivas o comerciales, en lugar de hacerlo atendiendo a su comportamiento en la vía pública.

Esto provoca situaciones paradójicas en las que dos vehículos con velocidades, dimensiones y niveles de riesgo muy similares reciben tratamientos jurídicos distintos simplemente por su configuración física o por no encajar en los parámetros previstos inicialmente por la norma.

Por ejemplo, algunos vehículos de micromovilidad avanzada pueden encontrarse excluidos del marco VMP pese a compartir el mismo entorno de circulación que los patinetes eléctricos y presentar prestaciones equiparables en términos de seguridad vial.

La consecuencia: vehículos sin encaje jurídico claro

Cuando una norma se construye alrededor de un producto concreto y no sobre categorías funcionales de circulación, aparecen vehículos que no encajan adecuadamente en ninguna clasificación legal.

Esto genera incertidumbre sobre aspectos fundamentales como:

• Dónde pueden circular.
• Bajo qué condiciones deben hacerlo.
• Qué requisitos de homologación les corresponden.
• Qué obligaciones tienen sus usuarios.
• Qué autoridad es competente para regularlos o supervisarlos.

Como resultado, puede producirse una aplicación desigual de la normativa, dependiendo de la interpretación realizada por cada administración o autoridad competente.

Hacia una regulación basada en categorías objetivas

Diversos especialistas en movilidad defienden que el futuro de la regulación debería orientarse hacia un modelo similar al utilizado en otros ámbitos del transporte, donde los vehículos se clasifican por criterios objetivos de circulación y riesgo.

Bajo este enfoque, los vehículos podrían agruparse atendiendo a variables como:

• Velocidad máxima.
• Potencia.
• Masa.
• Energía cinética.
• Sistemas de seguridad activa y pasiva.
• Entorno de uso previsto.

De esta forma, vehículos distintos desde el punto de vista comercial podrían compartir una misma categoría jurídica si presentan características de circulación equivalentes.

¿Qué consecuencias tiene esta situación?

La falta de una regulación adaptada a la evolución tecnológica puede generar diversos problemas:

Para los usuarios

• Inseguridad jurídica.
• Desconocimiento de los derechos y obligaciones.
• Interpretaciones diferentes según el municipio.
• Dificultades para contratar seguros específicos.

Para las administraciones

• Dificultad para aplicar criterios uniformes.
• Problemas de control y supervisión.
• Incremento de conflictos interpretativos.

Para la innovación

• Obstáculos al desarrollo de nuevas soluciones de movilidad.
• Menor inversión en tecnologías emergentes.
• Retraso en la adaptación normativa a la realidad del mercado.

Hacia una regulación más moderna

La micromovilidad evoluciona mucho más rápido que las leyes. Por ello, numerosos colectivos, asociaciones y expertos del sector consideran necesario avanzar hacia una normativa que clasifique los vehículos según criterios objetivos como:

• Velocidad máxima.
• Peso.
• Potencia.
• Sistemas de seguridad.
• Riesgo real en circulación.

Este enfoque permitiría incorporar nuevas tecnologías sin necesidad de modificar continuamente la legislación cada vez que aparece un nuevo tipo de vehículo.

Conclusión

El debate actual no gira únicamente en torno a si determinados vehículos deben considerarse o no VMP. La cuestión de fondo es si la regulación debe construirse en función de productos concretos comercializados en un momento determinado o sobre criterios técnicos objetivos relacionados con la circulación y la seguridad vial.

Cuando una normativa se centra excesivamente en el producto y no en el riesgo real que genera durante la circulación, existe el riesgo de dejar fuera tecnologías que ya estan implantadas dentro del mercado interior y otras emergentes, creando un vacío regulatorio que dificulta tanto la seguridad jurídica de los usuarios como el desarrollo de nuevas formas de movilidad sostenible.

Este reto resulta especialmente relevante en el ámbito de la micromovilidad eléctrica, donde la innovación tecnológica avanza a un ritmo considerablemente más rápido que la capacidad de adaptación de las normas.